Alma Gutiérrez Ibarra
San Luis Potosí, San Luis Potosí.- En espera de la resolución de un amparo que solicitó, el ex alcalde de Cerritos, Salvador Martínez Sifuentes, aseguró que sigue siendo el presidente municipal mientras el Congreso del Estado no le notifique su destitución e inhabilitación personalmente y no a través de representantes como lo hizo el pasado 26 de junio.
La inhabilitación para ejercer cargos públicos es por 15 años.
En rueda de prensa a la que convocó en la sede del PRI, el ex alcalde afirmó que el desalojo del pasado martes fue ilegal y no le impedirá seguir ejerciendo sus funciones al frente del ayuntamiento, porque además la Suprema Corte de Justicia todavía no dicta el resolutivo final de su caso.
"Fue una toma ilegal porque a todas luces se vio que el procedimiento fue desaseado porque el único documento que los ampara es la notificación de que fuimos destituidos e inhabilitados por 21 diputados del Congreso del Estado, pero no nos dieron fecha de entrega ni quién asistiría; el documento lo hicieron llegar a mis abogados, no en forma personal, cuando se trata de un hecho sumamente delicado. Se me notificó a través de los abogados, de mi representante legal".
Martínez Sifuentes dijo que ante el desalojo en la presidencia municipal él, junto con el pleno del cabildo en el que se incluye a los regidores sustitutos, sesionarán en su domicilio particular porque insistió en que el proceso para su destitución todavía no concluye, a pesar de que reconoció que la Suprema Corte de Justicia sobreseyó una promoción que interpuso.
"Sigo siendo presidente municipal a pesar de que penetraron en el palacio municipal, y por eso se encuentra en esas condiciones, pero estamos promoviendo este amparo y solicitando información, ése es el procedimiento que tenemos que hacer, no podemos adelantarnos".
Asimismo afirmó no tener miedo ni de ir a la cárcel ni de que se le finquen otras responsabilidades por usurpación de funciones, ya que por eso iniciará una serie de procesos legales para responsabilizar a las autoridades.
Acusó al Congreso del Estado de actuar con revanchismo político y de intereses particulares de los diputados José Luis Ramiro Galero y Luis Manuel Calzada Macías, "el primero por medio de la presunta alcaldesa impuesta por el Congreso, que designó a Javier Ceballos Zavala como secretario general, gente cercana a Galero".
Sobre el diputado Calzada Macías indicó que ha estado muy de cerca de las regidoras que suplió con regidoras sustitutas, que ahora reclaman un millón 300,000 pesos por concepto de salarios caídos, bono navideño, viáticos, bono de marcha, vacaciones y aguinaldos.
Por su parte el diputado Ramiro Galero, presidente de la Directiva del Congreso del Estado, dijo que en el caso del alcalde de Cerritos ya hubo una resolución y un dictamen que se sometió al pleno del Congreso, y que el ex alcalde contó con todas las garantías de ley para que presentara pruebas y se defendiera.
"Se defendió ante el Juzgado, ante la Corte pero ésta no le dio protección, por eso se procedió aunque está en todo su derecho de defenderse, pero a pocos días de que concluya la administración la alcaldesa sustituta deberá atender los pendientes que hubiere".
Galero precisó que el proceso de destitución del ex alcalde fue prolongado, se analizó en la comisión jurisdiccional "porque no se trata nada más de ir y cortar cabezas, hay que sustentarlo analizando las bases, y como incurrió en irregularidades se le aplican las sanciones correspondientes".
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http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n1256219.htm 
